Jaime de Althaus
La viabilidad del país se ha descompuesto severamente los últimos años y meses. La semana pasada dábamos cuenta del futuro desfinanciamiento estructural del Estado generado por leyes que, de una parte, incrementan considerablemente el gasto público rígido y permanente y, de otra, malogran los motores y mecanismos de la economía que son la fuente de los ingresos fiscales. La minería, por lo demás, ya venía siendo atacada desde años atrás, y ya no genera proyectos nuevos.
El próximo presidente de la república tendrá que proponer la derogación de esas leyes. Si revisamos los planes de gobierno de los cinco partidos que están primeros en las encuestas, vemos que cuatro de ellos –Victoria Nacional, Partido Morado, Fuerza Popular y Podemos- proponen, por ejemplo, alcanzar un Estado profesional y meritocrático, lo que supone aplicar la ley del régimen del servicio civil. Pues bien, esa reforma –así como la de la Salud, por ejemplo- será imposible si no se deroga la ley que ordena nombrar sin concurso ni evaluaciones a los más de 300 mil CAS, por poner un ejemplo.
Proponen además aumentar los presupuestos de Salud y Educación, lo que no podrá ser financiado por un Estado sobrecargado y sin recursos. Habrá que restablecer grados de libertad económica perdidos –por ejemplo en la ley agraria- para recuperar tasas de crecimiento altas que permitan financiar el Estado inflado.
Esos mismos planes de gobierno postulan una “verdadera economía social de mercado” y consecuentemente la “formalización empresarial y laboral”. Aquí hay otro problema, pues la producción legislativa ha ido en el sentido contrario. Algunas de esas leyes informalizan, como la nueva ley agraria que dejará sin empleo formal a cientos de miles de trabajadores, y la que pone topes a la tasa de interés, que deja sin crédito a los micro empresarios. Agravan la informalidad y el dualismo estructural. Eso no es economía de mercado.
Es un círculo vicioso: sectores organizados o grupos radicales se movilizan para obtener leyes falazmente redistributivas o protectoras que encarecen costos y excluyen a los pequeños y medianos que no pueden absorberlos. A más leyes de esas, más informalidad. Los candidatos presidenciales tendrían que proponerse entonces representar los intereses de los pequeños, de los informales, que no están organizados ni se movilizan.
El problema es serio porque este círculo vicioso se intersecta con la precariedad institucional y política, que favorece la captura legislativa de rentas y las protestas. Es la anarquía, la ausencia del Estado de Hobbes, cuya razón de ser es impedir la guerra de todos contra todos y establecer el imperio de la ley. Pues, como decía Locke, donde no hay ley, no hay libertad.
Entonces, para contener la anarquía y corregir todas estas complicaciones estructurales de la viabilidad del país, el próximo presidente deberá advertir a la ciudadanía que existen para poder enmendarlas, y deberá buscar una coalición de gobierno para poder hacerlo. De lo contrario, el escenario queda servido para una opción autoritaria y populista. Hay un candidato que la encarna.
