Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 14 de junio de 2019
El Comercio, 14 de junio de 2019
Hay que insistir en un punto: si el Congreso otorgó confianza al Ejecutivo en torno a seis proyectos, estos proyectos no pueden ser luego rechazados por el mismo Congreso. Esto es de elemental sentido común y ético. Se dice que no se puede obligar al Congreso a legislar en uno u otro sentido, y es verdad, pero la confianza es en sí misma un acto legislativo en el sentido que manifiesta un apoyo a los proyectos para los que se pide confianza, y esa fue una decisión libre. Si el Congreso estaba en desacuerdo con los proyectos, debió negar la confianza. Pero no lo hizo. Libremente eligió estar de acuerdo.
Por supuesto, los proyectos son mejorables, e incluso modificables, si en el debate aparecen razones suficientes para ello. En ese sentido, la confianza es el punto de partida para un ejercicio de la razón que debe llevar a consensos que se impongan por su propio peso. Para ello resulta fundamental, primero, que todos los miembros de la Comisión de Constitución hayan leído los proyectos y sus fundamentos.
Segundo, que esté presente el primer ministro, que entiende y explica bien las propuestas, con quien deberían consensuarse las normas. Y tercero, no apurarse con el tiempo: los proyectos relativos al sistema de partidos, que no implican modificaciones constitucionales, podrían debatirse incluso hasta la siguiente legislatura. Se requiere profundizar el debate incluso en distintos foros, en las instituciones.Porque el debate apurado no funciona. Por eso, los argumentos de oposición que se escucharon el miércoles en la comisión fueron muy endebles. Por ejemplo, que la inscripción con 14.000 militantes y no con firmas de adherentes, contradice el objetivo de tener un número menor de partidos reales. Para comenzar, la condición de afiliado o militante exige un compromiso bastante mayor que el de firmar un planillón de adherentes, a veces a cambio de una propina. Luego hay que ver el conjunto de propuestas: la idea es bajar las barreras de entrada pero subir las de permanencia.
Será relativamente más fácil inscribir partidos, pero más difícil su supervivencia. La primera valla es la de que los que vayan a votar en las elecciones primarias abiertas superen el 1,5% del padrón electoral.
Y luego la valla del 5% para el Congreso. Y participar en todas las elecciones (nacionales y subnacionales).Pero bajar la barrera de entrada es vital para abrir el sistema a nuevas corrientes, remozar la estructura de partidos e introducir competencia, que siempre es buena. Las iniciativas realmente sólidas perdurarán. Y quienes tendrán más posibilidades de pasar esas vallas, sobre todo la primera, serán los partidos que se están oponiendo (Apra, AP y parte de FP y de APP), y que se beneficiarán, además, con la reconexión con la ciudadanía que la propuesta de las elecciones abiertas implica. Si se ha dado confianza, se puede discutir, digamos, el número de militantes requerido para inscribir un partido, pero no mantener el sistema de firmas de adherentes bajándolo de 4 a 3% del padrón electoral, como se propuso el miércoles, que es lo mismo que casi nada.
Se necesita más tiempo y más discusión para encontrar los acuerdos.
