Le reconstrucción con ¿cambios?
Enrique Felices, Ingeniero
Para Lampadia
Para la reconstrucción del Norte, afectado desde Ancash hasta Tumbes por El Niño 2016-17, el Estado peruano contratará al gobierno del Reino Unido o a la alianza Francia-Países Bajos aplicando la modalidad gobierno a gobierno. Esto significa que el Perú dará un mandato a otro gobierno para que seleccione y contrate, en su país y con sus propias leyes, a las empresas de ingeniería que conducirán los trabajos de reconstrucción de cada región del Perú.
La modalidad gobierno a gobierno se ha empleado durante décadas en los programas de cooperación internacional llevados a cabo con recursos del país donante, pero últimamente se ha aplicado en proyectos ejecutados con recursos del Estado peruano como los Panamericanos-19 y el aeropuerto de Chinchero. Esto indica, por un lado, que el Estado no posee, o no emplea, la competencia necesaria para conducir procesos inobjetables de selección y contratación de la ingeniería para sus proyectos y, por otro, revela que la sociedad desconfía de las empresas privadas y recela de los técnicos. Decir que esto se debe solo a Lava Jato y el club de la construcción sería una errada simplificación.
La simple existencia de este tipo de contratos relieva la necesidad de abordar con seriedad el tema de la capacidad nacional para la administración e ingeniería de los proyectos de inversión pública, que hace varias décadas sigue un camino descendente. Hay que tener presente que las inversiones estatales más cuestionadas se basaron en estudios de ingeniería deficientes (la carretera Interoceánica y la nueva refinería de Talara), que la pérdida de capacidad estatal para la licitación y contratación de servicios y obras es manifiesta, y que la carencia de aptitud técnica y profesional para el estudio y supervisión de proyectos se refleja en las deficientes obras públicas.
Dotar al país de la mencionada capacidad es de importancia capital. La formación y consolidación de las profesiones de la ingeniería, hace 250 años, dio origen a varias de las instituciones fundamentales del sistema democrático de gobierno, incluyendo las de control, mientras que hoy el temor a las arbitrariedades de la CGR tiene efectos paralizantes. La experiencia mundial demuestra que cabalidad y calidad de la ingeniería es determinante para la buena ejecución de las obras públicas, y nuestra experiencia nacional nos señala, como veremos más adelante, que, si la capacidad nacional se hubiera mantenido, la actual reconstrucción del Norte se habría podido acometer con más prontitud, menores costos y sin gobiernos ni firmas extranjeras.
Este 2020 se contratará gobierno a gobierno servicios de consultoría, no de construcción. La ironía del caso reside en que las firmas nacionales de ingeniería verán reducidas sus posibilidades de trabajo, no así las de construcción. Aunque es evidente que en Lava Jato y en el Club de la Construcción las comprometidas fueron firmas constructoras, éstas no verán menguadas sus oportunidades aún si se otorga las obras a constructoras extranjeras, ya que ellas subcontratarán con nacionales el grueso del trabajo por razones logísticas y de costos.
Lo anterior se debe a que la ingeniería y la construcción son actividades totalmente distintas. La ingeniería es un trabajo de tipo intelectual que parte de una noción o iniciativa de inversión y la desarrolla progresivamente hasta obtener un resultado final consistente en documentos para la ejecución de obras. La construcción, en cambio, parte de dichos documentos y realiza la ejecución física de una fábrica cuyo resultado final se mide en términos materiales, dimensiones y prestaciones tangibles.
La actual reconstrucción del Norte requerirá las mismas obras de remediación que los anteriores fenómenos de El Niño, con diferencias de grado, porque los daños, que configuran el horizonte de actuación para las empresas de ingeniería, han comprendido siempre la pérdida de tierras y de producción agrícola por inundaciones, huaycos y salinización de tierras. La colmatación, destrucción o deterioro de los reservorios y de la infraestructura de riego y drenaje. La destrucción o pérdida parcial de la infraestructura de transporte, y la pérdida o deterioro de componentes de la infraestructura social básica: agua potable y alcantarillado, electricidad, centros de salud y de enseñanza, y redes de telecomunicaciones.
Como puede verse, la reconstrucción comprende obras de baja complejidad, pero con una simultaneidad y dispersión territorial que demandan una buena coordinación y administración. Esta la deben proveer las empresas extranjeras. No obstante, esa misma coordinación se necesitaba en 1984. Ese año, aunque pocos lo saben, se emprendió el programa de reconstrucción del Niño 1982-83 por medio del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), pero con un enfoque distinto. El INADE, contando con un crédito del USAID, decidió que la coordinación, ingeniería y supervisión de las obras para cada departamento estaría a cargo de firmas peruanas. Para ello fue capaz de estructurar bases y términos de referencia apropiados y de llevar adelante un inobjetable concurso público de méritos; algo que hoy parece de utopía.
Las exigencias de coordinación para dichos proyectos no fueron menores que las de hoy. El acceso a las localidades del interior era difícil, la electricidad y la telefonía eran de muy baja calidad en las ciudades y casi inexistentes fuera de ellas, y no había computadoras portátiles, Autocad, ayudas satelitales ni equipos de precisión electrónica para la topografía y las investigaciones básicas.
En 1984, además, los ingenieros colegiados eran menos de 25,000 mientras ahora son casi 250,000. Entonces la siguiente pregunta cae por sí sola es ¿Por qué las firmas nacionales no pueden efectuar en el 2020 los mismos trabajos que realizaban hace 35 años? En el siguiente artículo ensayaremos una respuesta. Lampadia
