Por Cecilia Blume
El Comercio, 25 de enero de 2018
Buscando entrar a la OCDE, el Congreso expidió en el 2016 la Ley 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional. Esta ley, modificada en el 2017, entró en vigencia el 1 de enero de este año, y habilita al Poder Judicial a sancionar con penas que van desde multas hasta la disolución de la empresa si es que alguno de sus funcionarios, trabajadores, representantes, empleados u otros, cometen delitos de cohecho, financiación del terrorismo, minería ilegal, crimen organizado o lavado de activos. No importa si hay o no autorización de los directivos de la empresa, que pueden incluso no conocer lo que sucede; lo único que hace falta es que la empresa se beneficie de ellos.
En otras palabras, si un tramitador de la empresa soborna a un funcionario para obtener una licencia, aunque la empresa no tenga conocimiento, es pasible de sanciones. Lo mismo sucederá, obviamente, si un gerente soborna a un funcionario, o si el abogado de la empresa o un agente de aduanas o un consultor de la empresa lo hacen.
Esta legislación, que suena ajena a las empresas peruanas, tiene su origen en Estados Unidos a partir de Watergate y en los escándalos de corrupción mundiales como Enron, Parmalat y Siemens. En Latinoamérica la normativa está vigente en varios países. El Perú es el tercer país de la región en dar más sobornos según el informe de Transparencia del 2016; por eso la norma ha sido considerada tan importante.
Si una empresa quiere minimizar el riesgo de que se le multe o hasta de que se le disuelva por actos de una persona bajo su control, deberá tener un sistema de prevención efectivo, pero sobre todo “vivo”. Ante un eventual problema, el juez evaluará el sistema de prevención de la empresa y, si se demuestra un buen sistema, es posible que se atenúen y hasta eliminen las penas.
Si bien implementar el sistema es voluntario, la aplicación de la ley no lo es. Quienes piensen que tener un sistema solo significa más trabajo con poca utilidad para la empresa, deben recordar que pueden salvarla, en el caso extremo, de su disolución.
Por otro lado, la tendencia mundial es a crear un nuevo ADN corporativo donde la transparencia y la honestidad sean lo que predomine. El mundo está en este camino y cada vez más, cuando se negocia con otros países, se requieren estos sistemas de prevención y altos estándares éticos y legales para prevenir actos de corrupción, desde los más pequeños hasta los más grandes.
Las empresas que han adoptado estas políticas son mejor vistas por el sistema financiero y por los clientes o proveedores de otros países. Finalmente, tienen un mayor valor, incluso para aquellos jóvenes que buscan trabajar en empresas con mejores prácticas.
Cada empresa es distinta y no existe una misma receta de prevención. Por ello, antes de establecer su sistema, la empresa debe evaluar sus requerimientos y no dejarse engañar por quienes venden paquetes “talla única”. Se busca más bien algo “a medida” y ello significa conocer la empresa y tener clara la matriz de riesgos de cada quien al implementar el programa de prevención.
Creemos que es momento de cambiar el ADN de las empresas. Los gravísimos escándalos de corrupción empresarial que se les imputan a algunas de las empresas más importantes del país nos advierten que hay algo que está mal.
Entonces, ¿por qué no tratar de proteger a la empresa? Pero, sobre todo, ¿por qué no tratar de actuar de una manera correcta en un país donde el soborno no está necesariamente mal visto?
Dar dinero a un policía, a un funcionario de la municipalidad; invitar a funcionarios públicos de viaje para que conozcan la matriz de la empresa son pan de cada día y a nadie le parece mal. Es momento de cambiar nuestra cultura. Quizá a algunos les parezca “exagerado”, pero es indispensable.
