Jaime de Althaus
Para Lampadia
Al gobierno le está faltando principio de realidad. No parece darse cuenta o no acepta hasta ahora que:
- Su proyecto de adelanto de elecciones ha generado una crisis artificial que complica la economía del país.
- Que el Congreso lo va a archivar y que es claro que no puede hacer cuestión de confianza, tal como argumentamos en este portal la semana pasada reproduciendo el fundamento 75 de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la cuestión de confianza que a la letra dice:
- 75.…la cuestión de confianza… ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso, para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera. (Expediente 0006-2018-P1/TC)
Es decir, puede plantear cuestión de confianza de manera abierta pero solo por temas vinculados a su gestión, que no tiene nada que ver con reformas constitucionales y menos con un adelanto de elecciones, que sería un pedido para no gestionar, lo contrario de lo que constitucionalmente debe y puede hacer.
- Que si, pese a ello, plantea cuestión de confianza, ésta no va a ser denegada –dando pie a la disolución del Congreso- sino que no va a ser tramitada o va a ser declarada improcedente, con el agregado eventual de una acusación constitucional al presidente del Consejo de ministros por plantear un recurso inconstitucional. Un escenario absurdamente caótico que podría desembocar incluso en una vacancia presidencial. Nada de esto tiene sentido.
- Tampoco ha tomado nota de algo mucho más elemental: no hay tiempo para el adelanto de elecciones. Eso fue lo que quedó claro en la presentación de los representantes de los organismos electorales en la Comisión de Constitución del Congreso, para cualquiera que quiera escuchar bien. No hubo una declaración explícita y formal de que no hay tiempo porque no se atreven a decirlo así, pero los plazos que indicaron hablan por sí solos.
Veamos. Como dio cuenta El Comercio, “El jefe interino de la ONPE, Manuel Cox Ganoza, detalló que su institución necesita 180 días para organizar el proceso electoral. Con ese plazo, si las elecciones se convocaran en diciembre próximo, se realizarían en mayo del 2020”. En realidad, junio, salvo que se convoque el 1 de diciembre (en ese caso la primera vuelta podría realizarse el 31 de mayo) Allí ya nos habríamos pasado entre uno y dos meses. Pero el mismo Cox señaló que para el referéndum la ONPE necesita un mínimo de 3 meses, de modo que las elecciones no podrían convocarse antes de enero. Eso llevaría la primera vuelta a junio o julio. Ya no tendría sentido.
Además, hay que considerar un mes mínimo para el cómputo, considerando los votos en el extranjero. Esto nos lleva a 210 días.
Pero allí no queda la cosa. Como registró El Comercio, “el jefe nacional del Reniec, Bernardo Pachas, señaló que su entidad requiere 150 días si se organizan comicios sin un referéndum previo, y de 210 días si se efectúa la consulta ciudadana”. Consultamos con funcionarios de Reniec qué implica esto, y resulta que supone agregar 100 días más al cronograma presentado por la ONPE. Este organismo considera solo 50 días entre el cierre del padrón electoral y la aprobación de éste. Pero Reniec considera que necesita de 150 días entre ambos procesos para cumplir con lo que la ley les manda (verificación domiciliaria, geolocalización de ciudadanos, publicación de listas de padrón inicial, etc., salvo que no se actualice y verifique el padrón). Es decir, 100 días más, repetimos. Esto sin contar el tiempo adicional que necesitaría para el referéndum.
Estamos hablando, entonces, de un mínimo de 310 días en total para el proceso electoral, más 90 días del referéndum: 400 días. Es decir, 13.3 meses, octubre o noviembre del 2020, solo para tener los resultados de la primera vuelta.
La negación de la realidad ha alcanzado al propio presidente Vizcarra, a quien seguramente le informan mal. Declaró el sábado en Moquegua: “Han ido el Reniec, la ONPE, el JNE (al Congreso), quienes han declarado que técnicamente es factible adelantar las elecciones”. Es lo contrario, como vemos.
La propuesta del Ejecutivo contenida en el proyecto de reforma constitucional consideraba solo 2 meses para el referéndum y 4 meses para el proceso electoral. Total: 6 meses. Engaño o autoengaño, no lo sabemos. Pero queda claro que no se tomó la molestia de preguntar siquiera a los organismos electorales. Principio de irrealidad absoluto. Ese es el nivel de seriedad del pedido de adelanto de elecciones. Lampadia
