Por: Ian Vásquez
El Comercio, 26 de noviembre de 2019
Cuando la ONU seleccionó por voto mayoritario a Venezuela como miembro de su Consejo de Derechos Humanos el mes pasado causó una justificada indignación. El régimen venezolano, después de todo, es uno de los peores violadores de DD.HH. en el mundo. El reciente reporte de la alta comisionada de la ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet, por ejemplo, denunció que en Venezuela hubo casi 7.000 ejecuciones extrajudiciales desde el 2018.
Numerosas dictaduras –como las de China o Arabia Saudí– han pertenecido al mismo consejo, por lo que la membresía de Venezuela no representa un precedente. Representa, en cambio, un problema profundo que el reconocido activista de derechos humanos, Aaron Rhodes, denomina la “degradación” de los DD.HH. en un libro reciente (“The Debasement of Human Rights”).
Según Rhodes, el problema reside en un error filosófico que confunde derechos naturales con derechos positivos, tal y como lo hace la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) de la ONU que la Unión Soviética ayudó a redactar. Ese documento iguala derechos a la libertad (como la libertad de pensamiento) con derechos a la seguridad social (como la salud) y otros. Los primeros son naturales y requieren solo de la ausencia de coerción mientras que los segundos requieren actos positivos para realizarse, como contratar a un médico y pagarle.
Al igualar ambos derechos, se degrada el concepto de derechos humanos y se facilita la justificación de las dictaduras. ¿Cuántas veces se han ignorado las violaciones de la dictadura cubana dados sus supuestos logros respecto a la salud pública o educación? Isaiah Berlin advirtió de que esa creencia en la libertad positiva “está en el corazón de muchos credos […] autoritarios y totalitarios de nuestros días”.
Para Rhodes, el problema va más allá. Al declarar que los servicios de consejos laborales son DD.HH., como lo hace la Unión Europea, por ejemplo, se devalúan los mismos derechos humanos, pues proveer esos servicios no es lo mismo que ser libre de tortura. Esta crítica es relevante hoy en día para América Latina donde manifestantes desde Colombia hasta Chile reclaman todo tipo de derechos positivos, ya sea a través de la política pública o de cambios constitucionales. Pero como se ha mostrado una y otra vez, el mero hecho de declarar derechos positivos –como empleos o viviendas– para ciertos grupos no garantiza que se realizarán mejoras en su condición.
No es que Rhodes esté en contra de las políticas sociales, solo que no hay que llamarlas derechos humanos. Cuando hacemos eso, ayudamos a las dictaduras como la china a construir su propia versión de derechos humanos, pero sin libertad. Rhodes culpa al “iliberalismo de muchos miembros de las mismas democracias” por no defender la libertad como corresponde y sacrificar auténticos derechos humanos en nombre de la seguridad. Observa la ironía de que “con el fin de los regímenes comunistas, su teoría de derechos humanos ha sido victoriosa”.
Advierte Rhodes: “Al descuidar o traicionar el significado central de los derechos humanos, la comunidad internacional se está alejando de la obligación de proteger la libertad y acercando a una noción de derechos humanos que es compatible con la negación de la libertad. Pocos expertos o activistas dudan de que el actual sistema internacional de derechos humanos sea disfuncional, pero aún menos reconocen que el hecho de no proteger los derechos humanos y la debilidad de nuestra respuesta a los desafíos ideológicos hacia los derechos humanos son consecuencias de una forma confusa de definir los derechos humanos. Si nuestro concepto de derechos humanos se erosiona, el resultado será el triunfo de una doctrina colectivista que traiciona los ideales de los derechos individuales universales. El discurso y la práctica predominantes en materia de derechos humanos están permitiendo que esto suceda”.
