Por: Jorge Toyama, Socio de Vinatea & Toyama
Gestión, 4 de agosto de 2020
La pandemia ha generado la peor crisis económica desde la Guerra con Chile. Se calcula que el 80% de los peruanos han sufrido un impacto negativo pasando al desempleo, subempleo o informalidad. Si la estrategia sanitaria y la reactivación económica no funcionan, la crisis social será inminente y generalizada.
Hasta fines de este año, se estima que la informalidad llegaría a casi el 80% tras perderse más de 700 mil empleos (Apoyo Consultoría). Lamentablemente, durante el segundo semestre el empleo formal seguirá cayendo por quiebras, ceses colectivos y reestructuraciones derivadas de la pandemia, la cuarentena, los cambios de hábitos, etcétera.
Un trabajador formal con ingresos regulares tiene acceso a un seguro (salud, pensiones, riesgos laborales) y a un crédito, y suele formar la clase media del país. Tanto en el mensaje del presidente por Fiestas Patrias como en la presentación del primer ministro de ayer en el Congreso, han sido claras las ausencias de políticas concretas que eviten más ceses de trabajadores y se estimule la contratación de personal. Solo hubo menciones a la prolongación del trabajo remoto (que es positivo, pero limitado) y Arranca Perú (dentro del cual está el programa Trabaja Perú).
La reactivación de la economía no puede dejarse solo a manos del sector privado. El Estado debe intervenir con políticas que incentiven la creación de empleo formal. Los programas estatales de contratación temporal -como Trabaja Perú- no son sostenibles en el tiempo, solo paliativos. El sector privado es el factor clave de una reactivación laboral que será difícil y larga, pero que puede ser llevadera y superada en menor tiempo si el Gobierno diseña e implementa planes que eviten mayores caídas de los indicadores laborales.
El Gobierno debería reactivar el diálogo social e intentar -al máximo posible- los mayores acuerdos entre sindicatos y gremios empresariales en el Consejo Nacional del Trabajo. Si no hay avances o consensos, debe implementar su plan laboral. Así, para evitar que se siga destruyendo empleo formal, se puede reducir temporalmente la carga tributaria en las empresas impactadas seriamente, así como permitirse un fraccionamiento de pagos de tributos y beneficios sociales.
Igualmente, tal como ha sucedido en varios países, durante la emergencia se debería admitir la reducción de la jornada con la consiguiente rebaja salarial y la intervención del Estado para abonar parte de la diferencia.
Para la reactivación de la economía es prioritaria la ejecución de medidas financieras, monetarias y fiscales que promuevan la inversión privada, como han sido anunciadas ayer. Pero el componente laboral no debió estar ausente. Es necesario apoyar especialmente a los sectores más intensivos en mano de obra (agricultura, construcción, turismo, forestal, etcétera), fijando ventajas para la contratación de nuevos trabajadores (menos cotización al seguro, por ejemplo). Tan crítica es la situación, que incluso ameritaría implementar un régimen temporal laboral por emergencia sanitaria para la contratación de nuevos trabajadores.
El mercado laboral ya no requiere de diagnósticos o consultas. Necesita una intervención de emergencia y, luego, un largo periodo de rehabilitación. Si el Estado lo sigue relegando, la recuperación no tomará años. Tardará una década.
